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Natalia Kidd
Columnista de la agencia EFE
Argentina incrementó el año pasado su deuda externa en casi 9.000 millones de dólares, un dato que se conoce en momentos en que el creciente endeudamiento doméstico está bajo la lupa en un escenario de fuertes restricciones financieras para el país.
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el “stock” de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal de Argentina se situó a finales del cuarto trimestre de 2022 en 276.694 millones de dólares, 3.879 millones más que en el tercer trimestre del año pasado y 8.826 millones más que sobre finales de 2021.
En tanto, el “stock” de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, ascendía al finalizar el cuarto trimestre a 226.034 millones de dólares, lo que implicaba una suba en 5.335 millones con respecto al tercer trimestre y un incremento en 2.845 millones frente al cuarto trimestre de 2021.
La deuda del Gobierno está compuesta por 81.779 millones de dólares en préstamos y por 78.911 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 29.724 millones. Esto evidencia la baja valuación de mercado de los bonos soberanos de Argentina, que reestructuró su deuda en moneda extranjera con acreedores privados en septiembre de 2020.
En cuanto a la deuda por préstamos, la mayor parte corresponde al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que en marzo de 2022 el Gobierno de Alberto Fernández selló un acuerdo para refinanciar vencimientos por unos 45.000 millones de dólares.
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Pese al aumento de la deuda externa de Argentina, ahora mismo lo que centra la atención son los títulos de deuda soberanos, vapuleados en los últimos días tras la decisión anunciada la semana pasada por el Gobierno de echar mano a bonos en carteras de organismos estatales como parte de una estrategia para procurar estabilidad financiera y hacer frente a las exigentes metas comprometidas ante el FMI.
El escenario macroeconómico es complejo, con fuertes desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, una inflación muy elevada (102,5 por ciento interanual en febrero), una severa sequía que implicará millonarias perdidas de ingresos, y exigentes metas con el FMI, cuyo cumplimiento luce cada vez más desafiante.
Los vencimientos de deuda pública en manos privadas para los próximos seis meses son elevados y, si bien existen inversores institucionales que en general están dispuestos a refinanciarlos, “el margen de incertidumbre es elevado”, advirtió Jorge Vasconcelos, investigador jefe de la Fundación Mediterránea.
Según el economista, “si el Banco Central tuviera que volver a actuar como ‘prestamista de última instancia’ del Tesoro para suplir las deficiencias del ‘rollover’ de la deuda, la emisión potencial sería muy elevada, afectando inevitablemente las expectativas de inflación y la magnitud de la brecha cambiaria”.
En ese contexto, el Gobierno dispuso que los organismos del sector público de Argentina canjeen bonos Global en dólares por unos 4.000 millones por otros títulos en pesos que emitirá el Tesoro.
Además, los organismos públicos venderán a inversores privados otros títulos en pesos y el 70 por ciento del dinero que obtengan lo destinarán a comprar nuevos títulos que emitirá el Tesoro. Así, el Gobierno reducirá la carga de vencimientos de los bonos Global y obtendrá fondos extra que le ayuden a cumplir la meta con el FMI de reducción del déficit fiscal primario.
Para la firma IEB, “lograr este monto de financiación resulta clave en este momento de incertidumbre en los meses previos a las elecciones” presidenciales, “con las limitaciones a la financiación del Tesoro” impuestas en el acuerdo con el FMI. “De todas maneras, creemos que no todo está dicho. La medida presenta puntos débiles y controvertidos y seguramente traiga judicializaciones que puedan hasta forzar una eventual marcha atrás”, observó IEB.
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