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A solo tres días de la protesta convocada a nivel nacional, las universidades argentinas se alistan para una marcha federal contra las medidas de ajuste presupuestario del Gobierno nacional. Sin embargo, en medio de este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lanzó una dura advertencia anticipando que avanzarán con una auditoría.
El funcionario anticipó que procederán con una auditoría sin importar las repercusiones. Este mensaje, respaldado por el presidente Javier Milei, ha generado un intenso debate en torno a la autonomía de las instituciones educativas.
"Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR”, sostuvo Álvarez.
Mientras tanto, desde las universidades se sostiene que la Constitución Nacional garantiza dicha autonomía, cuestionando la legalidad de la intervención anunciada para auditar el manejo de fondos de las instituciones educativas.
Álvarez destacó la importancia de la ley 24.521 de educación superior, destacando la responsabilidad del Estado nacional en la supervisión y fiscalización de las universidades. Sin embargo, el artículo 59 bis de la misma ley establece claramente que el control administrativo externo es competencia de la Auditoría General de la Nación, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre la legalidad de la medida propuesta.
El jueves por la noche, desde el Ministerio de Capital Humano se emitió un comunicado anunciando un supuesto acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar los aportes en un 70%, aunque esta información fue posteriormente desmentida por las propias universidades.
Además, se anunció un entendimiento para llevar a cabo una "auditoría conjunta", lo que ha generado aún más controversia y tensión en el ambiente universitario.
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