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Política y Economía |REFORMA LABORAL, OBRAS SOCIALES Y OTRAS MEDIDAS

Todo un récord: será 45 días después de la asunción del Presidente

CARLOS BAROLO

29 de Diciembre de 2023 | 03:58
Edición impresa

El rechazo de la CGT al DNU desregularizador del presidente Javier Milei -que modificó, entre muchas cosas, parte de la legislación laboral y osó meterse con las obras sociales sindicales- ya estaba planteado hace días. La ley ómnibus enviada al Congreso el martes último, que tiene un capítulo dedicado a restringir la protesta social, sirvió para potenciar los motivos por los cuales la central de trabajadores convocó a un paro general con movilización al Congreso para el próximo miércoles 24 de enero.

Es el primero durante la era Milei e instaurará un récord: sólo 45 días habrán pasado desde la asunción del Presidente. Supera incluso a lo que sucedió durante la gestión del radical Fernando De la Rúa, quien sufrió su primera huelga masiva recién a los 92 días de asumir. Ayer, cuando se hizo el anuncio de la medida de fuerza, sólo habían pasado 18 días desde el arribo del libertario a la Casa Rosada.

Hablamos de una CGT que durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández no hizo una sola medida de fuerza a pesar de que los salarios siempre quedaron por detrás de la galopante inflación y muchos afiliados de los gremios que la integran pasaron a ser ciudadanos pobres, aún teniendo trabajos en blanco. De hecho, la última huelga general cegestista fue el 29 de mayo de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri y fue la quinta que activaron durante ese gobierno no peronista.

Está claro que la huelga es una metodología legal de protesta. Desde el retorno de la democracia en 1983, los paros generales convocados por la CGT fueron una constante y suelen ser una herramienta de desgaste de los diversos gobiernos.

Desde entonces y hasta el momento hubo 43 huelgas lideradas por la principal central obrera. De esas, 28 se llevaron a cabo durante administraciones no peronistas. Además, durante los años electorales, los gobiernos no peronistas registraron el doble de paros generales en comparación con sus contrapartes del PJ.

El “ranking” histórico arroja lo siguiente: Raúl Alfonsín, que gobernó casi seis años, enfrentó 13 paros generales; Carlos Menem, que estuvo 10 años, enfrentó 8; Fernando De la Rúa, con sólo dos años, otros 8; Eduardo Duhalde, un presidente transitorio, tuvo 2 huelgas; Néstor Kirchner sólo una; Cristina Kirchner en sus dos períodos soportó 5; Mauricio Macri otras 5 en cuatro años; Alberto Fernández ninguna y Javier Milei ya tiene el primer paro.

Ese listado fue realizado por el Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Según esa investigación, la CGT convocó en promedio el primer paro a los presidentes no peronistas a los 275 días de iniciada su gestión. En contraste, los mandatarios peronistas experimentaron su primer paro general después de 1.108 días en el poder.

La medida de fuerza se resolvió de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT. Participan las regionales de todo el país. El paro será de medio día: desde las 12 a las 24 horas. Ese dato más la fecha elegida, pleno período vacacional, eran leído ayer por el mundo político como un cierto gesto de concesión de los gremios al gobierno. Como diciendo que no será un paro hiper-feroz. Esa semana será clave porque se estima que el Congreso estará debatiendo el mega proyecto de ley ómnibus. Presión en la puerta del Parlamento, digamos.

Estarán presentes, además, las dos vertientes de la CTA, básicamente con la representación mayoritaria de estatales y docentes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyen movimientos sociales que hasta hace unas semanas, con el otro gobierno, eran oficialistas. También se sumarán gremios identificados con la izquierda trotskista.

El plan de lucha de la CGT incluye una presentación judicial contra el DNU, que ya fue realizada pero que se rechazó porque la medida aún no estaba en vigencia, y cierta presión sobre los bloques de diputados y senadores, en especial los del peronismo. Es que los gremios sospechan que los gobernadores, urgidos de fondos para sus provincias, pueden llegar a instruir a sus legisladores a apoyar parte de los proyectos del oficialismo a cambio de tranquilidad administrativa en sus cajas.

En este sentido, un tema central que seguirá la CGT es el comportamiento de los legisladores respecto a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, que es coparticipable con los distritos sub-nacionales.

 

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