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El Gobierno confirmó ayer que presentaría la Ley Bases u Ómnibus a mediados de abril con los acuerdos cerrados de antemano.
La nueva estrategia oficial es diametralmente opuesta a la que se había trazado en enero, cuando el Gobierno remitió el megaproyecto de 600 artículos. Eso derivó en un laberinto de negociaciones mientras el proyecto estaba siendo tratado en un plenario de comisiones y en el propio recinto. Y terminó con una votación en particular, inciso por inciso, en la que al Poder Ejecutivo se le escurrió la mayoría una y otra vez.
Esta vez, el Gobierno pretende llegar al Congreso con un proyecto nuevo de unos 200 artículos y con un “poroteo” sólido con los bloques amigables y con los gobernadores. El Gobierno distribuyó “borradores” de las dos iniciativas (la “ley Bases bis” y la “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”) entre las bancadas potencialmente aliadas de Diputados y a los mandatarios provinciales.
Tras las reuniones de acercamiento con PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal que se dieron entre el viernes y el lunes pasados, ahora los ojos están puestos en los gobernadores.
La Casa Rosada trabaja en una convocatoria a los ministros de gobierno de las provincias. Aún no se decidió si se llamará a todos los distritos juntos o se irá por grupos.
Respecto al paquete fiscal, el capítulo más controversial es el de Ganancias. La discusión en puerta es con los gobernadores patagónicos. En el borrador del paquete fiscal, el Gobierno propuso la reposición de la cuarta categoría del impuesto a los ingresos con una base no imponible de $1.100.000.
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Esa propuesta haría que 1,5 millones de personas pasen a pagar el gravamen que pesa sobre el salario. Los mandatarios de las provincias más australes rechazan la propuesta por el impacto que tiene el impuesto en sus poblaciones, que tienen sueldos más elevados que el resto del país.
En las reuniones con los bloques de Diputados participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
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